Bacalar, Q. Roo (Agencia YK).- El pleno del Cabildo de Bacalar demandó al Gobierno federal audite las cuentas públicas municipales de los años 2015 y 2016, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1, 12, 15 y demás relativos aplicables de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Mediante oficio dirigido al Auditor Especial en la Auditoría Especial de Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación, y presentado por el regidor Miguel Ángel Ferral Medrano, se revelan irregularidades tanto en la administración pasada y la actual, sobre el manejo de los recursos estatales y federales que recibe el Ayuntamiento.
Dicho documento hace mención a que mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2015, el municipio tuvo un ingreso por la cantidad de 27 millones 250 mil 752 pesos y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, por el orden de los 20 millones 706 mil 190 pesos.
En 2016, los ingresos por los mismos conceptos fueron por 29 millones 795 mil 485 pesos y 22 millones 191 mil 832 pesos.
Los regidores señalaron que han acudido a las instancias estatales correspondientes: Auditoría Superior del Estado y el Poder Legislativo del Estado, para solicitar una auditoría a las finanzas municipales, pero hasta el momento no han obtenido respuesta, por lo que suponen proteccionismo, por lo que adicionalmente, han iniciado un procedimiento legal.
Fuentes al interior del Ayuntamiento de Bacalar, señalaron que existe nerviosismo en algunas áreas de la comuna, como es el caso de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Contraloría, donde sus titulares han mantenido reuniones a puertas cerradas con posibles auditores.
Los concejales fueron invitados por representantes de la Asociación Municipio 10, para explicar el clima de ingobernabilidad que se percibe en el Ayuntamiento de Bacalar, donde acudió un nutrido número de bacalarenses, preocupados por el actuar de sus gobernantes.
La segunda regidora de ese cuerpo colegiado, Oneyda Cuxim Irigoyen, señaló que el presidente municipal, Alexander Zetina Aguiluz, los ha querido “chamaquear”, pues para aprobar la cuenta pública, sólo les entregó el orden del día donde contempla este punto, pero desconocen de manera desglosada la forma en que se aplicaron dichos recursos.
No obstante, lo aprobaron para no afectar las obras en beneficio de los bacalarenses, sin embargo, cuando solicitan la información detallada, los remiten a la página oficial del Ayuntamiento, que se encuentra desactualizada y donde tampoco pueden encontrar la información que solicitan.
Los seis regidores firmantes de esta demanda a la Federación argumentaron no estar dispuestos a formar parte de una irregularidad en el manejo discrecional y turbio de los recursos que están destinados para ayudar a la gente que más lo necesita.
Israel Barbosa Heredia, Jorge Leonardo Caamal, Román Guzmán González, ambientalistas y antiguos pobladores, respaldaron a los regidores: Victor Viveros Ayala, Oneyda Cuxim Irigoyen, José Melchor Ávila, Justina Cen Padilla, Candita Kú Loría y Miguel Ángael Ferral Medrano, a quienes consideraron, la historia reconocerá su valentía para asumir su papel de vigilantes de los recursos públicos.
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