- Detrás de la instrumentación de la nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) está María Elena Álvarez-Buylla, directora del hoy Conahcyt, antes Conacyt. Foto: Alfredo Moreno, Archivo
Cd. de México (Reforma).- Lejos de ponerle punto final a un pendiente incumplido por cerca de tres años, la entrada en vigor de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) abre un nuevo frente de disputa legal.
Así lo plantea el diputado Brasil Acosta, miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, al hablar de las acciones a tomar por un grupo de legisladores para revertir la denominada “Ley Buylla”, aprobada de manera desaseada el pasado 26 de abril en San Lázaro y el 29 del mismo mes en el Senado.
“Digámoslo así: a partir de la publicación de la ley, es el inicio de nuestras acciones concretas”, apunta en entrevista el diputado priista, a propósito de la nueva legislación publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de mayo.
“Antes de la publicación no podíamos hacer nada. Pero a partir de que es publicada, entonces se cuaja la inconstitucionalidad de algunos artículos, y sobre todo la falta de discusión, de análisis y de respeto al proceso legislativo. Hay elementos para tumbar la ley, para impugnarla”.
Por un lado, señala Acosta, debido a los diversos aspectos de la Ley de HCTI que pueden resultar perniciosos, como es el caso de la discriminación de la que serán objeto estudiantes e investigadores de instituciones privadas al estar garantizados los apoyos económicos únicamente para quienes pertenezcan a instancias públicas (Artículos 33 y 39).
Pero también, y he aquí acaso el argumento principal y más sólido de la acometida que alistan los legisladores, por la violación del proceso legislativo en aquellas las sesiones maratónicas en ambas Cámaras, llenas de irregularidades, que culminaron con la aprobación en fast track de la ley presentada por el Ejecutivo federal, aunque elaborada por el ahora renombrado Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt, antes Conacyt).
“Precisamente por violar las normas legislativas, ése es un segundo elemento que vamos también a considerar y a apreciar como valioso para tumbar la ley”, refrenda Acosta.
En concreto, de un lado está lo sucedido en San Lázaro, con los legisladores de las Comisiones Unidas de Ciencia y Educación citados de pronto a una reunión extraordinaria de carácter urgente, faltando al compromiso de llevar a cabo siete foros de Parlamento Abierto con miembros de la comunidad académica para definir el contenido de la ley de manera conjunta.
Esto, vale la pena señalar, sin el debido permiso de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en tanto en ese mismo momento se estaba sesionando la Cámara Baja.
Además de la urgencia por aprobar el dictamen de la nueva ley para que fuera votada en el Pleno, sin la mínima oportunidad de revisión, análisis y discusión. Algo que era necesario, dadas las 250 modificaciones hechas de último momento al documento; “¿en qué tiempo pudieron haberse estudiado por los legisladores?”, cuestiona Acosta.
“Pedimos que leyéramos la ley y, artículo por artículo, fuéramos nosotros haciendo observaciones y reservas. Eso simplemente, con su aplanadora, (Morena, PT y el PVEM) votaron que no”, agrega el priista.
“A todo eso agrégale la barrabasada del Senado. Está peor, porque ni siquiera tenían quórum, y de pronto así nombran a una legisladora para hacer el quórum. Y entonces ahora, teniendo el quórum falso, se declaran omnipresentes y omnipotentes, y, sin discusión, sin lectura, simplemente aprueban la ley”.
De ahí que los legisladores cuenten con elementos suficientes para presentar una acción de inconstitucionalidad que revierta la entrada en vigor de la Ley de HCTI.
“Me permito anunciar (…) que el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (…) ha decidido ya ir a la acción de inconstitucionalidad para que esta ley pueda ser revisada, corregida y anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, anunció hace unos días el senador emecista Clemente Castañeda en Guadalajara.
“Es un hecho que se presentará acción de inconstitucionalidad, reclamando que se violaron todos los procesos que hubieran permitido la discusión de la ley”, dice a REFORMA, por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara Alta.
De acuerdo con el también priista, el bloque opositor del Senado ha definido ya la estrategia para abarcar 11 procesos judiciales contra este mismo número de leyes aprobadas en fast track por los legisladores afines al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“El PRI va a coordinar el tema de la Ley de Ciencia y Tecnología”, comparte Ramírez, confiado en la efectividad del proceso. “El cúmulo de irregularidades presenta un panorama optimista al recurso”.
De invalidarse la -así acuñada entre miembros del gremio científico- “Ley Buylla”, se reinicia el proceso y tendría que presentarse alguna iniciativa para elaborar y aprobar una nueva legislación que sustituya a la de 2002, todo esto derivado de una reforma al Artículo 3 constitucional de mayo de 2019.
“Mandando al bote de la basura la ley arbitraria que se aprobó recientemente, podemos estar en condiciones de iniciar un proceso de construcción con toda la comunidad científica de México, y no (quedarnos con) una ley a modo de la actual Administración”, sostiene el diputado Acosta.
“Creo que podemos salir adelante virtuosamente para poder construir, efectivamente, una ley que le sirva a México con el consenso de todos, incluido Morena“, prosigue. “Una ley que le sirva a México en los siguientes 50 años. Porque ésta (la ‘Ley Buylla’) es una ley regresiva, totalmente regresiva”.
A merced de la Corte; carrera contra reloj
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sepultar la primera parte de la reforma electoral conocida como el Plan B, bajo el argumento de que se violó el debido procedimiento legislativo, alimenta la esperanza de que la “Ley Buylla” tenga el mismo destino.
“Lo que pasó con la Ley de Ciencia está peor que lo que pasó con el Plan B, en términos de tiempos y de violaciones a los procesos legislativos. Entonces, lo que resolvió la Corte respecto al Plan B es un buen indicio de que podemos esperar que también le dé un buen golpe a la Ley de HCTI”, confía el diputado Acosta.
“Si revisamos los argumentos de la Corte, desde 2020 sistemáticamente ha buscado garantizar no las formalidades del proceso sino la deliberación democrática. Ni en diputados y menos en el Senado ocurrió esa deliberación”, considera, a su vez, el senador Ramírez.
Cuestionado sobre cuánto podría tomar este proceso, y si habría suficiente tiempo para echar para atrás los cambios instrumentados por el hoy Conahcyt, Ramírez responde, como un sutil exhorto a la comunidad, que correspondería interponer amparos. “Muy probablemente colectivos”, destaca.
“Conahcyt tiene una estrategia de urgencia. Le urge cambiar estructuras, reglamentos, consejos; desplazar conciencias que se oponen a sus planes. Va a implementar la ejecución de la ley en semanas”, apunta el senador sobre la dependencia que desde el primer día en que entró en vigor la nueva legislación, además de celebrarla, cambió su nombre e incluso ha migrado su sitio en línea.
“Por desgracia, el recurso podría demorar hasta cinco o seis meses”, reconoce Ramírez. “Habrá que establecer una estrategia que contenga ese ímpetu ‘reformista'”.
Cuando menos, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado asegura que el bloque opositor está absolutamente “firme y compacto” en este tema, “en el que no solamente nos jugamos el futuro sino la libertad”.
Y es que, dadas las recientes declaraciones del Presidente en contra del Poder Judicial y la irrestricta obediencia de los legisladores aliados al Gobierno, es menester dejar en claro la importancia y necesidad de la división de poderes. Al menos para la apropiada resolución de un asunto como el de la Ley de HCTI, entre otros de igual importancia.
“Confiamos en eso. Y por eso no hay que dejar a la Corte defenderse sola”, concluye Ramírez.
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