Prisión Preventiva Oficiosa: el limbo en las cárceles mexicanas

ARISTEGUI.- El incremento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa ha representado el aumento en el número de personas que están en la cárcel sin que se determine si fueron o no culpables. En 2015 el Consejo de la Judicatura registró 141 casos a los que se les emitió esta medida cautelar, pero en 2019 se amplió el catálogo de delitos y hasta febrero de 2022 , sumaron 20 mil 342 casos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el 17 de enero de 2022 que a los dos años de prisión preventiva, las personas que se encuentren en la cárcel sin sentencia tienen derecho a que sus abogados soliciten una revisión de su caso, una batalla que fue tomada como una conquista. 

Aquel día, las calles frente al edificio de la Corte, en el centro de Ciudad de México, se llenaron de vítores. El Ministro Juan Luis González Alcántara declaró que “la prisión preventiva es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable”. Sin embargo, esta determinación, estipulada por el poder legislativo, aún no desaparece de la Constitución.

La prisión preventiva oficiosa implica que las personas acusadas de un delito, a las que aún no se les ha dictado sentencia, deban pasar el tiempo de su juicio privadas de la libertad de manera automática, sin importar las declaraciones que realicen o si no se les ha probado el delito cometido.

Un nuevo sistema penal acusatorio en el país arrancó por completo en el año 2016, con la promesa de que los juicios serían más breves, por lo que las personas que estuvieran en esta condición, así como el resto de las acusadas, podrían resolver sus casos con mayor velocidad.

“Uno de los objetivos de la reforma (también) era que la decisión de prisión preventiva fuera más racional, que se determine quién sí y quién no debe estar adentro (de los centros de privación de la libertad)”, declaró en entrevista Javier Carrasco, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal.

La implementación del nuevo sistema penal, el cual se centra en audiencias orales y no en la lectura de expedientes, demostraba una reducción del total de personas enviadas a las cárceles, de acuerdo con el Resumen de Población Privada de la Libertad, publicado en el Cuaderno Mensual de información estadística penitenciaria, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el cual actualmente muestra un incremento, en particular a partir del año 2019.

La creación del sistema penal acusatorio tenía, entre otros propósitos, la reducción del número de personas privadas de la libertad, para disminuir o eliminar la sobrepoblación y atender los casos de manera pormenorizada en una o varias audiencias frente a los jueces, lo que también permitiría la protección a los derechos humanos de las personas presuntas culpables.

En la siguiente tabla se puede observar que en 2018 la población penitenciaria llegó a 197 mil 988 personas, pero en 2019 se refleja el primer aumento en los últimos cinco años, que para junio de 2022 ya rebasa las 226 mil 916 personas privadas de la libertad.

En 2019, al inicio del nuevo gobierno federal, se legisló el incremento de las causas por las que una persona podría ser enviada a prisión de forma preventiva y automática.

La propuesta que concretó el cambio surgió del Plan Nacional de Seguridad 2018-2024, publicado en noviembre de 2018, poco antes de la entrada a la presidencia de Andrés Manuel López Orador; dicho plan contenía parte de los delitos que después se agregarían a la reforma.

Lo estipulado en ese documento se tomó como un punto de partida para legisladores y legisladoras del grupo parlamentario de Morena, quienes aprobaron la prisión preventiva oficiosa para estos y otros delitos, que en la constitución pasaron de un catálogo de 9 a 20 en total:

Para esta investigación se realizaron diversas solicitudes de información al Consejo de la Judicatura Federal, que indican un total de 33 mil 376 casos de personas a las que se les dictó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar desde el 2015 hasta febrero de 2022.

En el año 2020, el Poder Judicial también se vio afectado por la pandemia, de acuerdo con la recopilación del análisis llamado “El acceso a la Justicia en México durante la pandemia del COVID-19”, elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con cinco organizaciones más.

Las alteraciones a sus calendarios, de acuerdo con este mismo informe, dependían del incremento de casos de contagio en las ciudades y estados, así como las indicaciones de la Secretaría de Salud federal. Estas medidas, como el confinamiento que, dependiendo de las regiones, modificó el flujo de la ciudadanía, explicarían también el cambio en las cifras anuales, con datos a la baja en el número de personas a las que se les dictó prisión preventiva oficiosa en 2020.

En 2015 se registraron 141 casos de prisión preventiva oficiosa, de los cuales 134 fueron por presuntos delitos contra la salud. 

Para 2019, cuando se amplió el catálogo de delitos, se registraron un total de 6 mil 754 personas encarceladas bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa. Para el 2020, año de la pandemia, la cifra disminuyó a 4 mil 780 casos. En 2021 se registraron 7 mil 848 casos. Es decir, de 2019 a marzo 2022 se tiene un total de 20 mil 342 casos.

Pese al aumento de delitos en el catálogo constitucional, los nuevos delitos representaron un muy bajo número de detenciones. Por ejemplo, lo que respecta a “enriquecimiento ilícito”, el primer caso de detención fue en el 2022, lo que contrasta con las 114 denuncias que la Secretaria de la Función Pública ha presentado al 25 de octubre de 2021. 

Lo que respecta al delito de violación, se registraron tres casos donde se dictó prisión preventiva oficiosa, lo que contrasta con las 16 mil 554 denuncias de este mismo hecho que se reportan el 2020 y las 21 mil 189 denuncias que se presentaron en 2021 en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

Ante el fenómeno de la prisión preventiva oficiosa, la abogada Cecilia Gabriela Rodríguez Quintero explicó que hay una tendencia al “populismo punitivo” en el que se concibe la idea de que, mientras sean más duras las sentencias legales, se obtendrán mejores resultados.

Asegura que se emplea el derecho penal en todos los casos, lo que lleva a generar la idea de que las personas que ingresan a las cárceles son “malas”, por lo que no deben ser contratadas, ni tener derecho al voto, entre otras cuestiones.

“Ningún político va a arriesgarse a eliminarla legislativamente y más porque requiere una reforma constitucional, que es un camino mucho más difícil”, consideró.

En México, agrega, las personas esperan que las penas sean más altas y aunque internacionalmente la Prisión Preventiva sí existe, la idea de que esta sea automática es poco común.

Ante la pandemia, que inició en el año 2020, se presentó ante el Congreso la iniciativa de ley para brindar amnistía, ante la revisión de expedientes de personas acusadas, es decir, que no han concluido su proceso ante el juez, así como las sentenciadas.

Tras la aprobación de esta ley, se esperaba la liberación de al menos 6 mil personas, cifra cercana a la sobrepoblación penitenciaria. Por su parte, la comisión que la presidía anunció que recibió un total de mil 115 expedientes, hasta febrero de 2021.

En abril de 2021, a un año de la creación de la ley de amnistía, ninguna persona fue puesta en libertad, pero para 2022, un total de 167 fueron beneficiarias de esta, de acuerdo con la organización EQUIS Justicia para las mujeres, quienes anunciaron que resulta preocupante las cifras bajas de liberación de personas y los alcances que esta ley prometía para las personas privadas de la libertad. 

Además, en México se reportan 227 mil personas en 289 centros penitenciarios de todo el país. De esos, 126 tienen una sobrepoblación total estimada en cerca de 10 mil reclusos, de acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta junio de 2022 había más de 92 mil personas en prisión preventiva, pero el documento no especificaba entre oficiosa o justificada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la existencia de la prisión preventiva oficiosa, pues asegura que su eliminación “protegería a criminales” y que “los delincuentes” “van a poder salir como entran”.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que afirma que “es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, (…) no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas”

Además de aseverar en el mismo texto que, colocar esta decisión en manos de los jueces “generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.”

Por el contrario, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN) Arturo Zaldívar, se posiciona en contra de la prisión preventiva oficiosa, y desde su cuenta de Twitter señaló: 

La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, se trata de una condena sin sentencia que por regla general castiga la pobreza, debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional.

En octubre del 2021, la SCJN  anuló la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, situación, pese a su inconformidad, el presidente declaró que respetaría la decisión y declaró que “tienen la arrogancia de sentirse libres y eso es la democracia”.

El mandatario asegura que la SCJN no deja que los “fifis” vayan a la cárcel. “Hace falta todavía en lograr que otros poderes, como el poder judicial, en la Corte, castigue por igual a todos los que cometen un delito y que no es de la justicia al servicio del dinero y los poderosos”.

El próximo 5 de septiembre la Corte comenzará la revisión de dos proyectos que plantean la eliminación de la prisión preventiva oficiosa.

Se han realizado denuncias por parte de organizaciones nacionales e internacionales, como la emitida en 2018, por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que alertó a México en contra de sus planes de extender la prisión preventiva oficiosa e instó al Congreso a que evite expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos.

Así como la anunciada en el año 2019 por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México, desde donde se lamentó la decisión de ampliación del catálogo, afirmaron que esta medida “resulta irreconciliable con los derechos humanos, pues automatiza el encarcelamiento de todas las personas acusadas por un determinado delito, sin permitir que el juez decida en cada caso según las circunstancias del mismo.”

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortíz, en el que se analizan torturas, violaciones a su debido proceso, así como a su libertad, después de que permanecieran 17 años bajo la categoría de prisión preventiva.

Ambos fueron detenidos en el año 2002; sin embargo, hasta mayo de 2022 recibieron una sentencia, después de pasar tres años bajo arraigo domiciliario y 17 más en el penal de Barrientos, una vez que la Corte anunciara el análisis del tema en su pleno.

Ante la Corte se analiza la lentitud con la que se llevan los casos en México, el abuso del empleo de la Prisión Preventiva, así como su compatibilidad con los estándares internacionales, ante la posibilidad de que se trate de una pena anticipada, entre otros asuntos.

La resolución que brinde la Corte será vinculante, es decir, en caso de resolver en favor de los demandantes, el Estado mexicano deberá legislar y modificar sus leyes en defensa de los derechos humanos.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó un  pronunciamiento lamentando la reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se extendieron los delitos que requerían prisión preventiva oficiosa, ya que consideran que esta debe ser la última medida, es decir, que se debe aplicar de manera excepcional y no generalizada, puesto que “se transgreden los derechos humanos como la libertad personal, de tránsito, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a la presunción de inocencia”.

Hasta ahora, las propuestas desde el poder legislativo de dictar prisión preventiva oficiosa, se han empleado como una medida política, para captar votos, hacer campañas, combatir contrincantes, en las que no se ha contemplado del todo la dimensión social que apuntan los analistas y defensores de derechos humanos, preocupados por las personas que están o podrían estar privadas de su libertad y pasan años en los que pierden sus derechos, empleo, familia y se enfrentan al estigma y las afectaciones psicológicas de la cárcel.

*Este trabajo fue elaborado como parte del Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de la Universidad Iberoamericana, en el marco de la Academia de Periodismo de la Licenciatura en Comunicación.

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