México tardará más de 30 años en resolver problema de impunidad, concluye informe

ARISTEGUI.- El Índice Global de Impunidad México 2022 apunta que el país sigue presentando altos niveles de impunidad a nivel global, debido al mal desempeño y capacidades de las instituciones de seguridad, justicia y derechos humanos de los gobiernos estatales.

México tardará más de 30 años en resolver el problema de la impunidad, tomando en consideración el aumento de jueces y magistrados en cuatro años, concluye el Índice Global de Impunidad México 2022, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) a través del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ).

El índice 2022, que será presentado en el Senado de la República este martes, recoge que México sigue presentando altos niveles de impunidad a nivel global por el mal desempeño y capacidades de las instituciones de seguridad, justicia y derechos humanos de los gobiernos estatales.

La UDLAP publica los índices de impunidad desde 2015, los cuales miden este problema a nivel internacional, en el ámbito de México desde 2016 y en Colombia desde 2019.

“La impunidad es sobre todo un problema de los gobiernos estatales”, apunta el informe, ya que no se mide la participación del Gobierno de la República “porque se parte de la premisa que cuatro de cada cinco delitos que se comenten en el país son del fuero local por lo cual la responsabilidad primaria es de los gobiernos estatales”.

En cuanto a entidades federativas, el Estado de México tiene el mayor alto índice de impunidad desde 2016. Baja California, Veracruz, Puebla, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Chiapas, Michoacán e Hidalgo le siguen en cuanto a niveles muy altos de impunidad.

En el caso del Estado de México, que obtuvo 74.55 puntos de impunidad, se mencionan 2 mil 8 presuntos delitos registrados por cada cien mil habitantes, cuando el promedio a nivel nacional es de mil 432. La entidad cuenta con menos del 0.05% del personal en áreas encargadas para la protección de derechos humanos, y con la mitad del promedio nacional en personal en las fiscalías por cada cien mil habitantes (22.30).

Otro punto importante es el número de víctimas registradas en las investigaciones y carpetas abiertas por el ministerio público (354,155) comparado con el promedio nacional (62,549).

Además, el Estado de México también presenta problemas estructurales en el diseño y existencia de capacidades institucionales para las políticas de seguridad: posee pocas agencias especializadas y poco personal destinado a funciones de seguridad pública.

El documento señala que en impunidad alta se encuentran los estados de Tabasco, Tamaulipas, Guanajuato, Sonora, Quintana Roo, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Oaxaca, Morelos y Nuevo León.

Mientras que Baja California Sur y Campeche son los únicos dos estados que presentan niveles de impunidad media-baja.

Por otra parte, la proporción de magistrados y jueces por cada cien mil habitantes se incrementó de 3.5 a 4.36. Si bien hay un aumento en términos nominales, “México se mantiene lejos de los promedios internacionales. A este ritmo de crecimiento, el país tardará al menos 16 años en alcanzar el promedio de los países de América Latina y 35 años para conseguir el promedio internacional”.

El informe enfatiza el deterioro de la infraestructura y capacidad humana de los ministerios públicos estatales. Señala que los ministerios públicos estatales siguen sufriendo un deterioro estructural y de sus capacidades humanas frente al aumento de los delitos y de la población en el país.

Lo anterior se sustenta en los indicadores de la dimensión estructural del sistema de seguridad, donde el número de agencias del Ministerio Público para la atención de delitos por cada cien mil habitantes cayó de 3.53 a 2.24 en la medición de 2022.

Otro de los factores que contribuyen a la impunidad es el déficit de policías estatales profesionales, que es de aproximadamente el 42%. Esto quiere decir que el país tiene poco más de la mitad de los policías preventivos estatales que debería tener, según lo que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en lo que denomina el estándar nacional mínimo, que debería ser de 1.8 policías evaluados por cada mil habitantes.

Tampoco existen las capacidades institucionales a nivel estatal en el ámbito judicial, ya que el país tiene cuatro veces menos jueces (4.36) que el promedio a nivel mundial (17.83) en 2020.

Por otra parte, los homicidios siguen sin castigarse en México, pese a que el porcentaje de encarcelados aumentó 39.41% con respecto a 2018.

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