Legislativo y Judicial cierran el paso al sistema anticorrupción

A pesar del exhorto del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), los poderes Legislativo y Judicial se niegan a conectarse a la Plataforma Digital Nacional (PDN) para transparentar por esa vía el patrimonio, los negocios y las sanciones de sus empleados.

Así, aunque haya diputados y senadores que cumplen con la obligación de presentar su declaración patrimonial e incluso la difunden en diversos espacios, la negativa del Poder Legislativo a conectarse a la PDN dificulta el acceso a esa información desde un mismo sitio, que según la Ley del SNA debería estar unificado.

En el caso del patrimonio de los jueces y magistrados, el Poder Judicial asegura que esa información está contenida en su propia infraestructura y que no tiene por qué conectarse a otra plataforma, lo cual contraviene las reglas del propio SNA.

La Plataforma Digital Nacional (PDN) es la principal herramienta del SNA para consultar en tiempo real bases de datos con información útil para el combate a la corrupción, pero estos dos poderes de la Unión han decidido ignorarla.

Esa negativa no sólo complica conocer la información del patrimonio de los servidores públicos, sino también de las sanciones administrativas que les han aplicado.

Una de las principales ventajas en la PDN es que se pueden aplicar filtros para obtener información de manera ágil de cualquier institución pública del país, de cualquier nivel de gobierno.

Además, la información a la que se puede acceder por esa vía está actualizada, al día.

Poco a poco, las instituciones públicas de todos los poderes, de todos los estados, municipios y de la Federación, han ido conectando sus bases de datos de información patrimonial y de sanciones a esa plataforma, en cumplimiento de la Ley General del SNA.

Pero el Poder Legislativo se ha hecho ‘ojo de hormiga’ para conectarse, mientras que el Poder Judicial de la Federación (PJF) abiertamente ha dicho que no se conectará.

La lentitud con la que se han enlazado las instituciones públicas del país a esa Plataforma, administrada por la Secretaría Ejecutiva del SNA, obligó a que, a finales de enero de 2022, el Comité Coordinador del SNA ─en el que participa el propio PJF─ llamara la atención a los incumplidos.

En sesión pública del 27 de enero, el Comité Coordinador aprobó una recomendación para interconectarse a la PDN dirigida a las Secretarías Ejecutivas de los estados, a los órganos autónomos estatales, así como al Poder Legislativo y al Poder Judicial federales.

De acuerdo con información solicitada vía transparencia al Secretariado Ejecutivo del SNA por MILENIO, las Cámaras de Diputados y de Senadores no atendieron la recomendación, la ignoraron completamente.

En cambio, el Poder Judicial de la Federación respondió categóricamente: “no se realizará la interconexión”.

La respuesta a la recomendación llegó al secretario técnico de la SESNA, Ricardo Salgado Perrilliat, encargado de comunicar el exhorto realizado por el Comité Coordinador, con la firma de Héctor de la Cruz, oficial Mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y de Diego Gutiérrez Morales, secretario ejecutivo de Administración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

¿Duplicidad de plataformas?

El argumento principal del PJF en su negativa a sumarse a la PDN es que la información de los sistemas de bases de datos que se le pide interconectar (de declaraciones patrimoniales, de funcionarios que participan en contrataciones y de servidores públicos sancionados) ya está disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que administra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Aunque pareciera que la PDN compite con la PNT, no es así.

Fuentes de la SESNA explicaron a MILENIO que la diferencia radica en que la PDN está diseñada para que la información se pueda consultar en tiempo real, pues no se trata de un repositorio, sino de un portal de acceso.

En cambio, la información de la PNT, que sí es un repositorio, se actualiza cada tres meses.

El PJF también respondió que la aplicación de los formatos de situación patrimonial de los servidores públicos del Poder Judicial y su seguimiento corresponde sólo a las autoridades de dicho poder, que las personas que realizan actividades jurisdiccionales no deben presentar declaración patrimonial porque están en un régimen específico y que la información patrimonial y de intereses de sus empleados “se encuentra resguardada en sus propios servidores e infraestructura tecnológica”.

En realidad, la información patrimonial y de intereses de los empleados de todas las instituciones están en los servidores de cada una de ellas.

Lo único que se pide es que conecten esos servidores con la PDN, para concentrar el acceso desde esta herramienta, pero el Poder Judicial no acepta.

Dio el argumento que históricamente se ha dado para negarse a transparentar esa información: “la publicidad puede afectar la vida privada” de los empleados judiciales, pero dijo que la versión pública de esas declaraciones está en la PNT, del INAI.

Por lo tanto, “no se iniciarán actividades para realizar la interconexión con la Plataforma Digital del sistema, (…) sin que ello restrinja, de manera alguna, la posibilidad de que la ciudadanía las conozca”.

Sobre la base de datos de funcionarios que participan en contrataciones, el PJF también dijo que esa información, así como la de proveedores y contratistas, está en la PNT y en la página de la SCJN y del CJF, por lo que “no se realizará la interconexión” con la PDN.

Respecto de la base de datos de servidores públicos sancionados, el PJF argumentó que no se conectaría con la PDN porque eso se puede encontrar en la PNT y en consulta pública en sus oficinas, por lo que “no se iniciarán actividades para realizar la interconexión” con la PDN.

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