La Fiscalía cancela al menos 21 de las 83 órdenes de detención del ‘caso Ayotzinapa’ que pidió en agosto

EL PAIS.- Documentos en poder de EL PAÍS revelan un conflicto entre la dependencia, que comanda el fiscal Alejandro Gertz, y la unidad que investiga la matanza de los estudiantes y encargada de girar las peticiones de arresto

La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidió a mediados de agosto. El mismo juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la FGR y las ha dejado sin efecto. Documentos obtenidos por EL PAÍS y fuentes cercanas al caso dibujan un conflicto entre la filial y la propia FGR, que comanda Alejandro Gertz. De las 83 órdenes de detención, la Fiscalía ha ejecutado apenas cuatro. La dependencia no ha informado del resto.

Entre las órdenes canceladas figuran las de 16 militares, acusados de delincuencia organizada. Uno de los 16 es Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014. Los documentos obtenidos por este diario muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hernández Nieto, estaban acusados también de desaparición forzada.

Además de los militares, el juez a cargo del caso, con sede en Toluca, ha aceptado cancelar igualmente las órdenes de detención contra el exprocurador de Guerrero en la época, Iñaki Blanco, por delincuencia organizada; contra el juez de Barandilla de Iguala entonces, Ulises Bernabé, por desaparición forzada, y contra tres funcionarios del poder judicial de Guerrero, entre ellos la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, por desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

Fuentes cercanas a la investigación señalan a este diario que la petición de cancelar las órdenes no ha salido de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA). Creada a mediados de 2019, la unidad, comandada por Omar Gómez Trejo, se ha encargado de las pesquisas estos años, ayudada por la comisión presidencial y el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México a tal fin. Los avances han sido importantes en este tiempo, principalmente el hallazgo de restos de dos de los 43 normalistas desaparecidos, o la reconstrucción del presunto montaje que orquestaron sus antecesores para cerrar con premura la investigación.

La sintonía entre la unidad y la Fiscalía había sido buena estos años, pero el proceso contra Jesús Murillo Karam, exprocurador general, primer encargado de las pesquisas del caso Ayotzinapa durante los años de Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha generado una ruptura entre las partes. Las mismas fuentes mencionadas arriba señalan que el fiscal Gertz ordenó acelerar las acusaciones contra Murillo a mediados de agosto. La UEILCA planteó entonces un plazo de un mes para consignar la acusación al juzgado. Pero Gertz se negó y desplazó a la Unidad.

El fiscal general ordenó entonces a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos que tomara el caso de Murillo de manos de la UEILCA y lo presentara al juzgado. La FGR detuvo a Murillo el 19 de agosto y consiguió que un juez lo procesara a la semana siguiente por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia. En las audiencias, el juez criticó a los fiscales de Asuntos Internos, quienes, dijo, no parecían conocer el caso. Las mismas fuentes señalan que desde entonces, Asuntos Internos mantiene “ocupada” la UEILCA, desplazando al equipo original de Gómez Trejo.

En este contexto, la FGR ha empezado a tomar decisiones sobre las actuaciones previas de la UEILCA. Una de las decisiones de la dependencia ha sido pedir la cancelación de estas 21 órdenes de aprehensión, la mayoría contra militares. La FGR ingresó la solicitud el 7 de septiembre y el juez accedió días más tarde.

La aceleración del caso Ayotzinapa en las últimas cinco semanas ha sido constante, al punto de resultar a veces desconcertante. El 18 de agosto, la UEILCA presentó al juez la solicitud para detener a 83 personas por el caso, conocido en el medio como pliego de consignación. Entre las órdenes había 20 contra militares, aunque uno de ellos, el capitán José Martínez Crespo, estaba ya en prisión desde 2019. El juez accedió a la petición al día siguiente.

En esos mismos días, la comisión presidencial que investiga el caso presentó las conclusiones de su trabajo en un informe. Lo hizo dos veces. La primera, el 18 de agosto, no generó demasiado ruido. El encargado de la comisión, Alejandro Encinas, señaló que el ataque contra los estudiantes y la desaparición de los 43 había sido un crimen de Estado. En el informe venían cantidad de mensajes tachados, comunicaciones de la red criminal de Iguala en la época que, según Encinas, probaban la participación de autoridades de Gobierno de todos los niveles en el ataque.

La segunda presentación tuvo lugar el 26 de agosto, durante la conferencia de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Tratando de atajar las críticas por la falta de novedades que aportaba el informe, Encinas desveló algunos datos que en el documento venían tachados. Uno sorprendió por lo que planteaba. Encinas dijo que alias El Coronel era en realidad el comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, José Rodríguez. Encinas dijo que Rodríguez había ordenado matar a seis de los 43 normalistas, mantenidos cautivos durante días después del ataque.

Entre las dos presentaciones del informe, la división de Asuntos Internos de la FGR defendió el caso contra Murillo Karam en el juzgado. Detenido el 19 de agosto, el juez procesó a Murillo Karam el día 24 y lo mandó a prisión. Las audiencias del exprocurador desviaron el foco de atención de las órdenes de detención que había pedido la FGR días antes. La cantidad de avances y novedades registrados en pocos días las dejaron en segundo plano.

El 7 de septiembre, EL PAÍS informaba de que una de las 83 personas contra las que existía una orden de detención desde el 19 de agosto era precisamente el antiguo coronel José Rodríguez. Actualmente retirado, Rodríguez había ascendido a general en 2015. La orden de capturarlo no era, sin embargo, por coordinar el asesinato de seis de los 43, sino por delincuencia organizada y la desaparición forzada de los muchachos. Para entonces, la información que había compartido la comisión no constaba todavía en el expediente que ha armado la UEILCA estos años.

A la semana siguiente, el 15 de septiembre, el Gobierno federal informó de la detención de Rodríguez y de otros tres militares de los 20 cuya captura había pedido la FGR a mediados de agosto. El subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Mejía, dijo: “Hay cuatro órdenes de captura”. Mejía se refería a Rodríguez, al capitán Crespo, preso desde 2019, al sargento Eduardo Mota y al subteniente Alejandro Pirita. A Crespo, acusado de delincuencia organizada desde hacía años, se le añadió el delito de desaparición forzada. A Pirita y Mota se les acusó de ambos. A Rodríguez solo de delincuencia organizada, aunque la Fiscalía podría añadir nuevas acusaciones a partir de la información de la comisión. Los cuatro están recluidos en la prisión militar de Ciudad de México.

En sus declaraciones del 15 de septiembre, Mejía no informó sobre el estado del resto de órdenes de detención, ni en el caso de los militares ni en el de los civiles. Durante todas estas semanas, la FGR ha permanecido en silencio. Ante el anuncio de la captura de Rodríguez y los demás, este diario preguntó a la dependencia por los otros 16 militares que buscaba. A través de un vocero, la respuesta de la dependencia entonces fue: “No sé, lo checo”.

Según el oficio 573-C/2022, del que este diario tiene copia, el juzgado a cargo de las órdenes informó a la delegación de la Policía Federal Ministerial en el Estado de México de su cancelación el 13 de septiembre. La propia FGR solicitó su cancelación el día 7, apenas tres semanas después de pedirlas. Según una fuente conocedora del caso, la fiscal adscrita al juzgado preguntó a la UEILCA si de verdad querían cancelar las órdenes. La unidad contestó que no. La FGR adscribió entonces a un nuevo fiscal al juzgado para que se encargara del trámite.

El oficio en cuestión incorpora el auto de cancelación del juez, en el que da cuenta de los nombres de los militares implicados. De los buscados por delincuencia organizada, 11 eran parte de la Fuerza de Reacción del 27 batallón, comandado por el capitán Crespo. En la noche del ataque, Crespo y sus hombres circularon por Iguala, acudiendo a varios de los escenarios de la agresión, entre ellos el cruce de las calles Juan N. Álvarez y Periférico y la clínica Cristina.

Durante la pasada administración, las críticas a los militares apuntaban principalmente al grupo de Crespo y su papel omiso. No habían evitado el ataque, ni protegido a los muchachos. Incluso los amedrentaron y acosaron, como ocurrió en la clínica Cristina. Con la creación de la UEILCA y la comisión presidencial entre finales de 2018 y principios de 2019, la visión de los militares ha ido cambiando. En noviembre de 2019 cayó el capitán Crespo por delincuencia organizada. La UEILCA le acusa de colaborar con Guerreros Unidos, grupo criminal que operó el ataque contra los normalistas. Las nuevas órdenes de detención apuntaban al resto. Preguntada por este diario por el motivo de la solicitud de cancelación, la FGR no ha dado hasta el momento respuesta alguna. La dependencia tampoco aclara si las otras 58 órdenes han sido canceladas o ejecutadas.

De los otros militares buscados por delincuencia organizada y desaparición forzada, al menos dos trabajaban en la central de comunicaciones y videovigilancia local, el C-4. La UEILCA asume que los otros dos estuvieron activos en Iguala durante el ataque. En el caso de Hernández Nieto, su papel apenas se conocía hasta ahora. La acusación de delincuencia organizada apuntaba a su posible colaboración con Guerreros Unidos, igual que Rodríguez.

En el caso de los civiles, la lista resulta sorprendente. Aparece el exprocurador Iñaki Blanco, primer encargado de las investigaciones del caso Ayotzinapa. Figura además Ulises Bernabé, funcionario del ámbito local de Iguala, juez de Barandilla en la época. En la narrativa del ataque que han ido construyendo la UEILCA y la comisión, Barandilla es un punto central durante la desaparición, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Según los investigadores, policías de Iguala y Cocula condujeron allí a parte de los muchachos desaparecidos. En algún momento de la noche, el capitán Crespo apareció allí también con algunos de sus hombres. En sus declaraciones, Bernabé siempre ha negado que estudiantes hubieran estado allí. Hace años, el exfuncionario huyó a Estados Unidos, donde consiguió asilo.

Las otras tres personas a las que la FGR buscaba por desaparición forzada, cuyas órdenes también han sido canceladas, son la presidenta en la época del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, y dos ingenieros adscritos al Palacio de Justicia de Iguala. La UEILCA señala su responsabilidad en la pérdida de videos de la instalación judicial, clave en la reconstrucción del ataque en otro de los escenarios, Periférico sur, en la salida de Iguala.

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