José Ramón Cossío: como ministro, señalé que prisión preventiva oficiosa era una figura inconvencional

ARISTEGUI.- El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acudió la semana pasada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en donde se realizó la primera audiencia en el caso de García Rodríguez y Reyes Alpízar, en la cual se abordó el tema de la prisión preventiva oficiosa.

Luego de que el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, señaló a José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como participante de “una campaña” en contra de la figura de prisión preventiva oficiosa, el ministro en retiro aseveró que durante su cargo en el máximo órgano de justicia del país señaló que dicha figura era inconvencional.

Esta mañana, durante su participación en la conferencia matutina del presidente en Palacio Nacional, el vocero presidencial dijo:

“Bueno, en esta campaña también participó, entre otros magistrados, José Ramón Cossío, que hoy ha litigado contra la figura de la prisión preventiva, entonces no dijo nada sobre la prisión preventiva cuando hubo este debate e inició un juicio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender a una persona que había sido, con esta figura, detenida sin sentencia durante 17 años. Pero entonces y a lo largo de 14 años nunca hizo ninguna crítica, como ningún medio de comunicación, como ningún jurista alegó que esta figura era ilegal, inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. Esto para contextualizar”, dijo Ramírez Cuevas durante la conferencia de prensa de este viernes 2 de septiembre desde Palacio Nacional. 

Más tarde, el exministro dio un posicionamiento en su cuenta de Twitter en donde, dijo, acudió a la Corte IDH en calidad de perito de las víctimas. “No soy abogado de las víctimas, ni litigo el caso, comparecí cómo perito para dar una opinión constitucional sobre el tema”. 

Además, sentenció que durante su paso por la SCJN señaló que tanto la figura de prisión preventiva oficiosa como la de arraigo eran inconvencionales con los tratados internacionales firmados por México.

A días de que la SCJN discuta si la prisión preventiva oficiosa es o no inconvencional, al contravenir principios constitucionales como la presunción de inocencia, la CoIDH recomendó al Estado mexicano eliminarla.

Al respecto, en entrevista con Aristegui en Vivo el pasado 30 de agosto, el ministro en retiro explicó que si México mantiene la prisión preventiva oficiosa y el arraigo enfrentaría una condena por la Corte.

La discusión sobre prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia está agendada para el próximo lunes 5 de septiembre.

El ministro Luis María Aguilar presentó un proyecto que busca anular dicha figura jurídica en el país al considerar que “establece la procedencia de la prisión preventiva en forma oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática, en contravención de los principios constitucionales que rigen la prisión preventiva, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad”.

El vocero presidencial durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el 2 de septiembre de 2022.

En tanto, el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández advierte que a diferencia de la prisión preventiva justificada, la oficiosa “afecta en mayor grado el derecho a la libertad personal y el principio de presunción de inocencia al poner bajo custodia a un imputado desde que es vinculado a proceso, sin que se le permita revisar su situación y la continuidad de esa medida cautelar por un periodo de dos años. 

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que establece que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, deberá de ser privada de su libertad, con el objetivo de que no se dé a la fuga y garantizar su comparecencia ante un juez.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que establece que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución, deberá de ser privada de su libertad, con el objetivo de que no se dé a la fuga y garantizar su comparecencia ante un juez.

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