En salud: fracasos ignorados, promesas incumplidas

Cd. de México (Reforma).- Hay en el discurso oficial un juego de contrastes entre una trágica realidad y una serie de promesas carentes de un plan realista para cumplirlas. Hace unas semanas volvimos a tener una muestra de este juego distractor cuando el Presidente de la República repitió que al final de su administración -dentro de dos años- tendremos en México “un sistema de salud de primera”, como el de los países escandinavos. Resulta extraño, por decir lo menos, que se esté ratificando un anhelo de muy difícil cumplimiento en medio de un dramático entorno caracterizado por un sistema de salud en franca descomposición. Se trata, además, de un patrón recurrente que ignora los fracasos e insiste en ofertas que no terminan de concretarse. La construcción de un sistema de salud “de primera” requiere no sólo de una visión, sino también del reconocimiento de limitaciones y errores.

La aparente certidumbre presidencial de que estamos muy cerca de tener un sistema de salud como el de Dinamarca se produce en el marco del mayor fracaso sanitario de nuestra historia reciente. A principios de 2020, la pandemia de Covid-19 puso a prueba el modelo de sistema de salud propuesto por la 4T. Los resultados fueron desastrosos, a juzgar por el exceso de mortalidad. Según la Organización Mundial de la Salud, México presentó una de las peores cifras en este rubro. Ello dio lugar a una caída sin precedentes en la esperanza de vida. El valor de este indicador había ido consistentemente en ascenso desde la pandemia de influenza de 1919, que coincidió con las etapas finales de la Revolución Mexicana. Sólo se habían registrado reducciones en la esperanza de vida entre grupos específicos de la población, en particular en hombres jóvenes, como resultado de la epidemia de violencia que azota a nuestro país. Lo que México no ha sufrido desde hace un siglo es el desplome generalizado en el valor de este indicador y, mucho menos, de esta magnitud. Según los cálculos del Instituto para la Métrica y la Evaluación en Salud de la Universidad de Washington, uno de los centros que con mayor rigor ha medido los daños generados por la pandemia de Covid-19 en todo el mundo, la esperanza de vida en México cayó de 75 a 71 años, llegando a los niveles de 1991. Esto representa un retroceso de ¡30 años! Es decir, en escasos dos años de la pandemia México perdió el importante avance logrado durante tres de las décadas que el gobierno encargado de responder a la pandemia desdeña peyorativamente como “neoliberal”. El retroceso sufrido por México es mayor ya no digamos que el de los países que manejaron bien la pandemia, sino incluso de otros que no lo hicieron. Por ejemplo, Estados Unidos, el país con el mayor número de muertes por Covid-19, regresó a los niveles de esperanza de vida de hace 26 años. En países latinoamericanos con un nivel de desarrollo similar al nuestro, como Colombia, se perdieron 20 años de avance en este indicador. Fueron, en ambos casos, retrocesos importantes, pero no de las dimensiones del que se produjo en México.

Un drama así debió haber convocado a todo el País a discutir lo sucedido, no para buscar culpables sino para encontrar la mejor forma de procesar y superar el trauma colectivo representado por la pandemia. El Gobierno, sin embargo, optó por minimizar lo acontecido y anticipar, sin fundamentos, un futuro venturoso: un sistema de salud como el danés. Pero todo indica que lamentablemente ese futuro no habrá de llegar en lo que resta de esta administración.

Este patrón de conducta parece repetirse, como lo demuestran la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y el desmantelamiento de la compra consolidada de medicamentos del sector público.

El INSABI se creó a finales de 2019 con el mandato de prestar servicios de salud a toda la población sin seguridad social. Se sumaron a él 26 de las 32 entidades federativas. Este instituto, sin embargo, nació con debilidades estructurales. Careció de un diagnóstico que orientara su diseño e implantación; se echó andar sin reglas financieras y de operación, y quedó en manos de un equipo directivo sin competencias sustantivas o gerenciales. El 4 de febrero de 2022, a dos años de creado, se anunció lo que se denominó “la federalización de la salud”, que supuso la transferencia de la responsabilidad de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social al programa IMSS-Bienestar (IMSS-B), un programa que se había dedicado exclusivamente a prestar servicios básicos a la población pobre del campo. No hubo en este anuncio -ni ha habido hasta la fecha- la más mínima mención del Gobierno federal al fracaso del INSABI ni a las lecciones derivadas de él. Lo que hubo fue la promesa de que ahora sí, tras medio sexenio de intentos, se garantizaría el acceso “gratuito” a la atención médica y los medicamentos. Al igual que las previas, esta nueva promesa difícilmente podrá cumplirse, como lo demuestra el hecho de que, a 10 meses del anuncio de la federalización, sólo Nayarit ha iniciado trámites para transferir los recursos de sus Servicios Estatales de Salud al programa IMSS-B.

Con el desmantelamiento del sistema de compra consolidada de medicamentos del sector público sucedió algo similar. En vez de esforzarse por reformar el esquema previo, la responsabilidad de la compra de dichos insumos se transfirió primero del IMSS a la Secretaría de Hacienda, que no pudo con el encargo. De la Secretaría de Hacienda se trasladó al INSABI, que tampoco supo lidiar con esta responsabilidad. Se contrató entonces a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPs), pero también fracasó de manera rotunda.

A dos años de terminar el sexenio, las compras consolidadas de medicamentos del sector público siguen arrojando cifras de desabasto sin precedentes, creando situaciones dramáticas que han denunciado, entre otros, los grupos de padres de niños con cáncer. En octubre pasado, el Gobierno federal anunció el fin de la colaboración con la UNOPS y la transferencia de la compra de medicamentos de nuevo al INSABI. Sin hacer mención alguna al fracaso de los intentos previos, se anunció el establecimiento de un nuevo modelo de distribución de medicamentos que los llevará ya no a los almacenes ni a las unidades de atención sino a los pacientes mismos. Este proceso será manejado de manera conjunta por el INSABI y BIRMEX, una empresa estatal que hasta hace poco se dedicaba a la producción, compra y distribución de vacunas. Dados los antecedentes de estas dos organizaciones, es muy dudoso que el nuevo modelo de compra y distribución vaya a funcionar con los niveles de eficiencia, oportunidad y transparencia requeridos para atender las necesidades de la población.

Tras la doble catástrofe representada por la pandemia misma y por la respuesta errática y errada del Gobierno, es imperativo dejar de distraer la atención con nuevas promesas y concentrar el esfuerzo colectivo en la reparación urgente de nuestro sistema de salud. Pero esto exige, antes que nada, el reconocimiento de los errores y los fracasos, paso esencial para aprender de ellos y componente indispensable de la rendición de cuentas que los gobernantes deben a la ciudadanía. El primer paso en el camino hacia un nuevo sistema de salud incluye la identificación de los problemas que es necesario resolver, los mecanismos que es indispensable reconstruir y las instituciones que se deben fortalecer.

Es evidente que, a estas alturas, la actual administración no reconocerá sus errores ni rectificará el rumbo. Sin embargo, los partidos políticos, las agrupaciones profesionales, las instituciones académicas, los grupos empresariales y las organizaciones ciudadanas tienen la capacidad de identificar los problemas más graves y generar propuestas de solución para que, a partir del 2024, México retome el camino hacia el sistema universal, público y plural que se merece.

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