En México, una agresión contra la prensa cada 14 horas en el primer semestre de 2022: Artículo 19

ARISTEGUI.- El primer semestre de 2022 también ha sido el más letal contra la prensa, con 12 asesinatos, 9 de los cuales tienen indicios que les vinculan con la labor periodística.

La organización Artícul0 19 dio a conocer que en los primeros seis meses de  2022, se registraron 331 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, lo que representa un 51.83% que en el mismo período del cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto.

En su informe semestral dado a conocer este jueves, titulado “La impunidad y negación ante la violencia extrema persiste”, señaló que esta cantidad de agresiones contra la prensa se traduce en una cada 14 horas.

Además, destacó que el primer semestre de 2022 también ha sido el más letal contra la prensa, por lo menos desde que esta organización inició labores en el país, con 12 asesinatos, 9 de los cuales tienen indicios que les vinculan con la labor periodística.

Sin embargo, dijo que a la fecha de la publicación del informe se registraron otros 6 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, elevando la cifra del 2022 a 18 homicidios.

Del 10 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2022, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 2,304 ataques a la prensa, entre los que destacan 34 asesinatos, 26 desplazamientos forzados y 2 desapariciones.

“Ante este escenario algo es claro, las autoridades de los tres niveles de gobierno son incapaces y omisas en generar las acciones necesarias para prevenir la violencia y proteger a la prensa”, aseguró la organización de defensa de los periodistas.

Señaló que la mayor parte de los 331 ataques se cometieron en la Ciudad de México, con 49 agresiones. En segundo y tercer lugar se encuentran Yucatán y Michoacán, donde se documentaron 30 agresiones por entidad.

De acuerdo con el informe, las autoridades mexicanas son el principal agresor contra la prensa, con 128 agresiones, lo que equivale a un 38.67% del total. De esta cifra, el 22.66% de las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos, el 13.6% por las fuerzas de seguridad civiles y el 2.42% por las fuerzas armadas.

De las 331 agresiones contabilizadas por Artículo 19, destacan 101 casos de intimidación y hostigamiento (30.51% del total de casos), 66 amenazas (19.94%) y 45 casos de uso ilegítimo del poder público (13.60%), entre otros indicadores.

En cuanto al tipo de víctima, los hombres cis y trans tuvieron mayor número de casos registrados con 219 (66.16%), seguido de las mujeres cis con 88 casos (26.59%) y por último están los medios de comunicación con 24 casos (7.25%).

La organización expresa su preocupación por el desplazamiento interno forzado y el exilio de periodistas. Cuatro periodistas fueron víctimas de desplazamiento interno forzado y dos de exilio en el primer semestre del año.

Otro tema importante que destaca el informe es la violencia en línea, que se mantiene como una tendencia grave marcada en este periodo. Del total de las 331 agresiones registradas, 105 ocurrieron en el ámbito digital, es decir, el 31.72% del total.

Las dos coberturas más riesgosas para ejercer el periodismo en México siguen siendo las de corrupción y política con 168 casos (50.76%) y seguridad y justicia con 76 (22.96%). Una tendencia que se mantiene desde 2017.

El documento critica la estigmatización creciente en contra de los periodistas, por parte de las autoridades, como el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas y  por parte de Elizabeth García Vilchis en su sección “Quién es quién en las mentiras”.

Ante este contexto de violencia, Artículo 19 exige a los poderes públicos del país “reconocer públicamente la labor relevante de las personas periodistas y medios de comunicación y el aporte que realizan en una sociedad democrática”.

“Asimismo, exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno abstenerse de estigmatizarles en sus discursos y espacios oficiales”, mencionan, y piden el diseño e implementación de una política pública integral de prevención, protección, investigación, sanción y reparación integral del daño, con el objetivo de brindar las condiciones necesarias para el ejercicio de la labor periodística segura.

También demandan dotar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas de los recursos humanos y financieros para desarrollar su labor. Así como capacitar a su personal en temas relacionados con derechos humanos y la libertad de expresión para que sean sensibles, objetivos, profesionales y eficientes en su actuar.

A los poderes legislativos piden revisar y adecuar la legislación civil y penal que habilita la utilización del sistema de justicia como una herramienta de censura e inhibición. A las fiscalías exigen implementar el “Protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, para que dichos delitos sean investigados por parte de la fiscalía y las fiscalías locales de forma eficiente y diligente.

Igualmente, que en las investigaciones y los análisis de contexto conducentes se tome en cuenta la labor periodística de la víctima como móvil del crimen, sin descartarla a priori.

Comparte este artículo
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


5 × 2 =