En el staff de Peña Nieto, las investigaciones activas de la UIF

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Empresarios y un grupo de operadores de bajo perfil que acompañaron a Enrique Peña Nieto desde su gobierno en el Estado de México, se encuentran bajo investigación por triangulaciones de fondos que son consideradas operaciones irregulares y probablemente constitutivas de delitos.

De acuerdo a información obtenida por Proceso, las investigaciones que se realizan en México y el extranjero, apuntan a un entramado de relaciones cuyo rastreo inició desde 2020 en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, revelada el pasado jueves por el titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez.

Entre los empresarios destacan tres de los consentidos en los gobiernos local y federal peñista, que son parte de la elite mexiquense:

Se trata de Héctor Alfonso Maccise Yitani, actualmente radicado como el propio Peña Nieto, en Madrid, donde se dedica al ramo inmobiliario como lo hacía desde hace años en México y Estados Unidos; el otro es José Miguel Bejos, del Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) ampliamente favorecido con contratos de obra el sexenio pasado y, el tercero, es Edgar Farah, el propietario de la firma de publicidad Cinco M Dos, que además de la publicidad visual en el Metrobús de la Ciudad de México, adquirió en 2017 el Grupo Expansión.

Edgar Farah. Foto: Grupo Expansión.

Las operaciones de esos empresarios se relacionan con Enrique Peña Nieto a través de un grupo de incondicionales, la mayoría de bajo perfil, entre los investigados destacan acaso dos: Erwin Lino, poderoso secretario particular de Peña Nieto y Alejandra Lagunes, la responsable de estrategia digital del sexenio.

Como advirtió Pablo Gómez en la versión pública del asunto, varios de los implicados se relacionan con Arturo, hermano Enrique Peña Nieto, que habría recibido 29 millones de pesos de manera idéntica y con la misma fuente,  “una familiar” que le depositó 26 millones de pesos al expresidente.

José Miguel Bejos. Foto: Vanguardia MX

Los secretarios de Peña

Las operaciones por triangulación de fondos y movimientos dentro del sistema financiero que se encuentran bajo investigación, tienen un primer asidero en las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien acusó directamente a Erwin Lino, de estar relacionado con las operaciones de Guerrero Negro y el caso del coloquialmente llamado “huachicol de la sal”.

En una entrevista con W Radio, para el programa Así las cosas, Nieto Castillo sostuvo que las investigaciones iniciaron precisamente en relación al caso Odebrecht-Lozoya, aunque no abundó en detalles.

De acuerdo a la información a la que Proceso tuvo acceso, el asunto inició por el manejo que se le dio a la planta de Guerrero Negro, en Baja California Sur, e identifica a Jorge Francisco Corona Méndez, secretario auxiliar de Peña Nieto durante 15 años, es decir, desde los tiempos en que fue candidato a diputado local hasta concluir su sexenio como Presidente de México.

Jorge Francisco Corona Méndez, secretario auxiliar de Peña Nieto.

Corona se convirtió en diputado federal en 2019, al solicitar licencia al cargo Jorge Emilio González Márquez “El Niño Verde” de quien era suplente. Aun con el fuero, el caso de Guerrero Negro, que es la salinera más grande del mundo, se mantuvo abierto, bajo una línea de investigación que intenta ubicar los fondos obtenidos del comercio ilegal de miles de toneladas de sal en aguas internacionales.

En tanto, la vertiente inmobiliaria tiene varias aristas en cuanto a los dos excolaboradores de Peña Nieto:

La primera es por la mansión de Erwin Lino en el fraccionamiento Los Encinos, escapó a los escándalos de las casas que detonó en noviembre de 2014, tras la revelación del reportaje “La casa blanca de Peña Nieto”. Sin embargo, en 2019 un robo a la residencia de Lino fue ampliamente comentado en el ámbito mexiquense –y de eso tomó nota la UIF—aunque habría sido silenciado en medios.

Erwin Lino Zárate, Emilio Lozoya y Francisco Rojas. Foto: Octavio Gómez.

Otra vertiente es por el interés de ambos, Lino y Corona, por la adquisición de fiats notariales para parientes y amigos. En 2017, se produjo un breve escándalo tras la acusación de un abogado contra el gobernador mexiquense, primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, quien concedió los codiciados fiats al sobrino de Erwin Lino, Ricardo Giovanni Arredondo Lino, así como a Beatriz Mercedes Corona Mercado, hija de Jorge Corona.

La tercera es por una enorme residencia de Erwin Lino en The Woodlands, un suburbio de Houston Texas, en el condado de Montgomery, famoso por la abundancia de residencias de las elites mexicanas que, a partir de la violencia detonada en 2006 iniciaron su éxodo a fraccionamientos similares en San Antonio, Houston, Austin y el llamado Valle de Texas, cuyo común denominador es también uno de los que se presentan en el caso de la investigación con Peña Nieto: el golf.

La red de operadores

Una de las personas menos conocidas excepto por quienes fueron cercanos al entorno de Peña Nieto es María Isabel Barroso Aguirre, conocida como Maribel, asistente y administradora personal del expresidente quien actualmente vive también en Madrid.

Se trata de la pieza clave en la indagatoria sobre el expresidente que inició el último trimestre de 2021, período referido por Pablo Gómez, el pasado jueves, sobre el inicio de la investigación.

La relación en la trama de Maribel Barroso se extiende a su familia por los siguientes actores relevantes de la investigación:

Su esposo, Luis Alfonso Rodríguez, a quien se ubica como socio de varias empresas que habrían sido beneficiadas con adjudicaciones directas durante el sexenio peñista y era ubicado como uno de los cercanos a Angélica Rivera durante el sexenio, en especial, para las operaciones de Actidea, la empresa que se ha relacionado con la ex primera dama, por los servicios que prestaba al gobierno de la República en organización de eventos.

Además, la investigación incluye al hijo de Maribel y Luis Alfonso, Maximiliano Rodríguez. El joven trabajó en la Oficina de la Presidencia de la República de 2013 a 2017, como “asesor especializado” según el registro de Servidores Públicos; cerró el sexenio como director general adjunto de Administración y Coordinación Internacional, dedicado específicamente a “relaciones publicas, acciones promocionales, caravanas y eventos Marca México”, es decir, los eventos, patrocinios y exhibiciones de costo millonario en el extranjero.

Además, la investigación incluye a Rubén Barroso Aguirre, hermano de Maribel, quien fue delegado regional de la Zona V Centro Oriente de Caminos y Puentes Federales, durante el sexenio de Peña Nieto. Con base en Puebla, por su escritorio pasaban los contratos de obras, mantenimiento y servicios de la región.

El otro hermano, Raúl Barroso Aguirre, se desempeñó como director general adjunto del Instituto para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, participando en la asignación de adjudicaciones directas, específicamente a favor de tres empresas: Interconecta; Servicios de Planificación Empresarial y, Gone R.H. Company.

La indagatoria de la UIF advierte la posesión de Maribel Barroso y su familia de una propiedad valuada en 7 millones de euros en Madrid, esto es, unos 145 millones de pesos, así como el registro de operaciones inmobiliarias en Houston Texas, Metepec, y la Ciudad de México, realizadas entre 2019 y 2021.

Es a partir de las operaciones inmobiliarias que la investigación relaciona con esa familia a Héctor Alfonso Maccise Yitani, un agente inmobiliario cuyo nombre ha aparecido aleatoriamente desde la investigación de la casa de Peña Nieto en Ixtapan de la Sal. Maccise habría sido el agente que operó las transacciones de la familia Rodríguez-Barroso, según la investigación.

La información que se ha difundido desde 2015 sobre Maccise Yitani está relacionada con los predios en torno a la residencia de Peña Nieto en el lujoso fraccionamiento de Ixtapan de la Sal, donde tanto él como la elite peñista se afincaron en el Gran Reserva Golf Resort & Country Club.

Para el caso de la investigación actual, las operaciones del inmobiliario Maccise Yitani son rastreadas desde la presunta compra de los predios vecino al de Peña Nieto, por lo que se le considera un probable prestanombres.

La investigación se propone rastrear otros conexiones con compras de inmuebles en Houston y Miami.

Y es que, de tener su sede en el Estado de México, Maccise Yitani ha incursionado en operaciones inmobiliarias en Estados Unidos, específicamente en Miami, Houston y Nueva York. Actualmente, están acreditadas sus operaciones en Madrid bajo la firma Buganvilla Servicios Empresariales en la que es socio de Luis Alfonso Rodríguez, el marido de Maribel Barroso.

El mapa de relaciones incluye también a Carlos Alberto Ramírez Velasco, quien se desempeñó como Oficial Mayor de la Presidencia de la República, es decir, administrador general de la Oficina de la Presidencia, durante el sexenio de Peña Nieto.

A Carlos Ramírez se le identifica cercano a Arturo Peña Nieto y la relación con la familia Rodríguez-Barroso y su socio Maccise Yitani, es rastreada en relación a diversas contrataciones, entre estas, las relacionadas con Grupo Chasma, una empresa establecida en Metepec, dedicada a la proveeduría de alimentos, uniformes, equipos con numerosas asignaciones directas durante el peñanietismo mexiquense y federal.

Los empresarios

Entre las líneas de investigación establecidas por la UIF, destaca el empresario José Miguel Bejos, cabeza del mencionado Grupo Prodi, uno de los beneficiarios del peñanietismo en la contratación de obras de infraestructura cuyas empresas, durante el sexenio, obtuvieron más de 19 mil millones de pesos en contratos de acuerdo a una consulta de Proceso a las bases de datos públicas.

La línea de investigación en ese caso se sigue a partir de la asociación de Prodi con Mota-Engil, el gigante energético portugués, surge desde que se apoderaron de la antigua operación de Luz y Fuerza del Centro, en una compleja serie de sociedades con lo que fue el Sindicato Mexicano de Electricistas.

En 2017, la asignaciones de infraestructura y otras operaciones de la red de asociaciones Mota-Engil con Prodi y el exSME, destacadamente las relacionadas con el “regalo” de estaciones y subestaciones eléctricas, fueron reservadas y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), validó la reserva por considerar que se ponía en riesgo el know how, es decir, la estrategia de negocios, así como por seguridad nacional, en tanto se trata de instalaciones estratégicas.

Pepe Miguel fue beneficiario prácticamente de toda obra emblemática del sexenio pasado, entre las que destacan las obras de conectividad y participación en el hoy cancelado aeropuerto del lago de Texcoco; el Metro de Guadalajara; el inacabado Tren México-Toluca, entre otras.

Peña Nieto solía jugar golf con Pepe Miguel, vecinos que son en el mencionado Gran Reserva de Ixtapan de la Sal, a donde el expresidente se fue a vivir los primeros meses después de concluir su mandato.

Esa asociación también ha sido conectada con el caso Peña Nieto, así como las obras asignadas a través de Capufe, en su Región V, es decir, las que estuvieron a cargo de Rubén Barroso.

Finalmente, una línea de investigación adicional es sobre Alejandra Lagunes, quien fuera coordinadora de Estrategia Nacional Digital, quien apenas esta semana se dio a conocer, es investigada en República Dominicana.

Peña Nieto y Lagunes. Foto: Eduardo Miranda.

Lagunes es senadora por el PVEM, lo mismo que su marido Rafael Pacchiano. La “estratega” famosa por la presunta operación de granjas de bots el sexenio pasado, estaría detrás de similares ataques y promociones orquestadas en Dominicana.

La legisladora fue parte importante del staff de Peña Nieto en la Presidencia y la investigación dominicana incluye a otro miembro de bajo perfil del extinto staff de Los Pinos: Ricardo René Fernández Audiffred, quien se desempeñó como director general adjunto de Proyectos Especiales en la Oficina de la Presidencia el sexenio pasado.

Sin embargo, esa la línea de investigación se acumularía en cooperación internacional con la preexistente sobre Lagunes en relación con Peña Nieto, que se tendió a partir de operaciones sospechosas con Edgar Farah, un empresario ligado al exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, propietario de Cinco M Dos, la empresa de publicidad que en la administración de Miguel Ángel Mancera, obtuvo el contrato para publicidad visual en el Metrobús de la Ciudad de México que en 2017 adquirió al Grupo Expansión.

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