Cimbrada, la nueva narrativa de la 4T sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa

MILENIO.- La renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) expresa una crisis dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tendrá que nombrar a un funcionario sustituto que continúe con las indagaciones emprendidas durante este sexenio, las cuales abrieron una nueva narrativa sobre lo ocurrido en la noche de Iguala.

La dimisión del fiscal especial, quien contaba con el visto bueno de los padres de los 43 estudiantes, es atribuida a una serie de diferencias con otro sector de la misma institución.

19 de agosto

El fiscal especial Gómez Trejo y el equipo de la UEILCA viajan a Jerusalén para explicarles a los fiscales israelíes por qué se solicita la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio. Además, Arturo Pascual Soto, titular de la carpeta de investigación contra Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, se encuentra de vacaciones en Panamá.

Mientras Gómez Trejo está en vuelo, la Policía Ministerial ejecuta una orden de aprehensión contra Murillo Karam que la UEILCA no conocía. Al ex procurador le permiten controlar la narrativa de su propio arresto: se da tiempo de hacerlo grabar en video, se muestra sonriente y más preocupado por no molestar a sus vecinos que por ir a la cárcel; el agente encargado de detenerlo parece avergonzado y Murillo Karam lo disculpa por cumplir con su deber.

Alejandro Encinas (I) y Omar Gómez Trejo. | EFE
Alejandro Encinas (I) y Omar Gómez Trejo. | EFE

20 de agosto

La FGR no agota el plazo legal de 72 horas para presentar al detenido ante el juez. No le dan tiempo a Arturo Pascual para regresar de Panamá. Dos fiscales de la Unidad de Asuntos Internos ajenos al tema Ayotzinapa, Lidia Bustamante y Sergio Navarro, se encargan de la audiencia de vinculación de Murillo Karam. El juez Marco Antonio Fuerte Tapia los reprende por su desconocimiento del caso y “porque hay un desorden, no vienen debidamente preparados”. En Jerusalén, Gómez Trejo y su equipo están ocupados en intensas sesiones de trabajo con los fiscales israelíes.

26 de agosto

Gómez Trejo y su equipo regresan a México. Mientras estaban en el extranjero, la totalidad de los 13 agentes ministeriales asignados a la UEILCA fue enviada a un centro de la FGR en Querétaro porque –les dijeron extraoficialmente– son investigados por “posible corrupción”. La UEILCA no ha recibido respuesta a su solicitud de agentes para distintas diligencias.

Jesús Murillo Karam. (Reuters)
Jesús Murillo Karam. (Reuters)

7 de septiembre

Un día antes del viaje a Israel, el 18 de agosto, la UEILCA había solicitado 83 órdenes de aprehensión. Este día, la FGR pide al juez Enrique Beltrán Santes la cancelación de al menos 21 de ellas. Incluidas las del general Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería (asignado a Teloloapan pero alojado en Iguala), y 15 militares acusados de desaparición forzada (de los que 12 formaron parte de una patrulla que hostigó y amedrentó a estudiantes de Ayotzinapa en la clínica Cristina, en la madrugada del 27 de septiembre de 2014); la del ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco; y las de dos jueces. Además, la FGR relevó a los fiscales de la UEILCA que actuaban ante el juzgado; y el juez no ordenó notificar a la UEILCA.

15 de septiembre

La UEILCA reclama por escrito al juez Beltrán por haber aceptado la solicitud de la FGR sin que hubieran sido “advertidos motivos sustanciales” del pedimento ni tomar en cuenta a la UEILCA, aunque el juzgador sabía que era la responsable del caso, además de que se fundamentó en ordenamientos de la entonces Procuraduría General de la República, ignorando la vigente Ley de la Fiscalía General de la República; le reprocha que no haya notificado a la UEILCA; le pide copia del pedimento de cancelación de las órdenes hecho por la FGR porque “se desconocen los motivos y fundamentos legales que lo originan”, así como notificación formal del relevo de sus litigantes para deslindarse “de todo mal actuar que pudiera causar al proceso y por ende al derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia”.

24 de septiembre

La filtración de una versión sin testar del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (COVAJ, presentado el 26 de agosto por el subsecretario Alejandro Encinas) es publicada en la prensa. Fueron revelados nombres, números telefónicos y números de identificación de Blackberry de personas cuyas telecomunicaciones habían sido intervenidas. Esto puede provocar que el juez declare la nulidad del valor probatorio de estas evidencias de las acciones criminales de civiles, funcionarios y militares contra los estudiantes de Ayotzinapa.

26 de septiembre

Se cumplen 8 años de la noche de Iguala. Al responder a la pregunta de si deben reponerse las órdenes de aprehensión canceladas, el presidente pone el trabajo de la UEILCA por debajo del informe de la COVAJ: “no debería porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar otros”.

El Comité de Padres y Madres de los 43 desaparecidos denuncia la impunidad del Ejército (sólo 4 de 20 militares imputados han sido detenidos), rechaza la cancelación de las órdenes de aprehensión y denuncia la filtración de “partes sensibles de la investigación desde el propio gobierno para obstaculizar los procesos judiciales”, así como que se “abran guerras intestinas dentro del gobierno, golpeando a funcionarios que muestran compromiso con el caso, relegándolos y restándole mérito al trabajo que realizaron”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide “garantizar la independencia” de la UEILCA al notar que ha sido “objeto de desplazamiento en sus funciones ministeriales” y advierte “sobre los impactos en la efectividad e impulso en las investigaciones cuando hay cambios de operadores de justicia en una investigación penal”. Por la noche, se da a conocer la renuncia del fiscal especial Omar Gómez Trejo.

Marcha a ocho años del caso Ayotzinapa en Ciudad de México. (Foto: Araceli López)
Marcha a ocho años del caso Ayotzinapa en Ciudad de México. (Foto: Araceli López)

27 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador toma con calma la dimisión y anuncia que la FGR “va a nombrar otro fiscal, vamos a continuar”.

El Centro Pro de Derechos Humanos, acompañante de los familiares de los 43 desaparecidos, denuncia “la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la FGR en la labor independiente que esta unidad venía realizando, incluyendo la precipitación de acusaciones y la cancelación de órdenes de aprehensión”, y pide un posicionamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que “como instancia internacional se encuentra en la posición más adecuada para fungir como fiel de la balanza”.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal. Foto: Jorge López
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal. Foto: Jorge López
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