- La iniciativa que busca modificar 23 leyes en materia administrativa, violentan el orden jurídico nacional y va en contra de las empresas, dijo la Concamin. Foto: Bloomberg.
Cd. de México (Reforma).- La reforma presentada por el Ejecutivo Federal, donde uno de los propósitos es que el Gobierno pueda terminar contratos sin pagar ninguna indemnización, genera incertidumbre y atenta contra las empresas, advirtió Iniciativa Privada.
La iniciativa que busca modificar 23 leyes en materia administrativa, violenta el orden jurídico nacional y va en contra de las empresas que participen en la construcción de obras con el Gobierno porque éste, en cualquier momento, puede dar por terminados los contratos sin pagar indemnización, señaló Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
“La discrecionalidad en las decisiones siempre genera suspicacias, y evita que haya transparencia en los procesos”, consideró.
Afirmó que concentrar en la Secretaría de la Función Pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma consolidada, vía las Unidades de Administración y Finanzas, hace a un lado las licitaciones públicas, lo que podría generar actos de corrupción y complicidad.
“De ser aprobadas esas iniciativas en los términos que fueron presentadas, se estaría vulnerando el Estado de Derecho y generaría un clima de incertidumbre jurídica”, manifestó el sector industrial.
“La Concamin hace un llamado a las Cámaras de Diputados y Senadores para que haya un diálogo franco, serio y sin exclusiones con todos los sectores involucrados en este tema, a fin de que puedan expresarse los distintos puntos de vista.
“Es necesario convocar a un Parlamento Abierto en el que realmente se escuche a las partes interesadas antes de que los legisladores dictaminen la iniciativa, porque de lo contrario se estaría legislando sin consultar a quienes podrán verse afectados con esa determinación”, expuso.
A su vez, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó en entrevista que si pasa está iniciativa serán pocas las empresas que quieran arriesgarse a participar en licitaciones del Gobierno.
“Lo que se pretende es que el Gobierno no tenga que pagar esos costos y pueda cancelar anticipadamente cualquier contrato, lo cuál le resta certidumbre a cualquier empresa que quiera prestarle sus servicios. De tal forma que serán pocas las empresas que se presenten a las licitaciones.
“Nos parece que es una cláusula arbitraria que va en contra del Estado de Derecho porque tiene que haber trato parejo para las partes en los contratos”, subrayó Medina Mora.
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