Acosa crimen en Guerrero a mineras canadienses

Chilpancingo, México(Reforma).- Problema que se soslaya, estalla, suele decir en sus conferencias mañaneras el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el problema que tienen las mineras canadienses en la Tierra Caliente de Guerrero, entidad gobernada por Evelyn Salgado, de Morena, ya estalló.

Mineras canadienses acusaron ante el Premier Justin Trudeau las extorsiones y clima de violencia que se vive en esa región.

Entre las mineras que padecen asedio de la delincuencia está Altaley Mining, que opera en Campo Morado, en el Municipio de Arcelia, y Media Luna, que opera con financiamiento del consorcio minero Torex Gold Resources y que desde 2016 trabaja en comunidades de Cocula, en donde extrae oro y cobre.

En su visita a México la segunda semana de enero, Trudeau se reunió con los directivos de las empresas mineras, que pidieron su intervención ante el Gobierno mexicano para resolver la situación, pues mantienen sus planes de negocios. Pero el asunto no es reciente ni ajeno al conocimiento del Gobierno federal y estatal, ambos de Morena.

* Reportes de “Guacamaya Leaks”, revelados en octubre pasado, ubicaron a Jhonny (sic) Hurtado Olascoaga, “El Pez”, y a su hermano José Alfredo, “El Fresa”, líderes del grupo criminal Familia Michoacana (FM), como los que comandan extorsiones a mineras desde 2015.

* En los documentos de la Sedena, se da cuenta que el Gobierno federal tenía conocimiento que en 2018 la empresa minera de Canadá, Telson Mining, pagó “derecho de piso” a la FM. El encargado del pago de parte de la minera era su Jefe de Seguridad, identificado como “hijo de un militar retirado”.

*Otros reportes ministeriales indican que la FM obtiene uranio de la mina de Campo Morado y lo transporta al puerto de Lázaro Cárdenas para embarcarlo en navíos chinos.

*La mina de Campo Morado anunció su cierre en 2017, agobiada por las extorsiones, aunque después reanudó operaciones. Actualmente la maneja Altley Minning. Informes de seguridad confirmaron que esta empresa asentada en Arcelia todavía paga “derecho de piso”.

*La FM controla en Tierra Caliente de Guerrero a comercios, el transporte, la venta de refrescos, tortillas y hasta el agua embotellada.

*Entre octubre y diciembre hubo dos masacres en la región con 27 muertos atribuidos a la FM. Ante la matanza de octubre, con 20 ejecutados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia mañanera: “No se permite en nuestro Gobierno la impunidad, no es como antes. El Gobierno estaba en manos de delincuentes, ellos (los delincuentes) mandaban, un asunto gravísimo, entonces ya no es así”.

*Ayer, también en la mañanera, AMLO admitió que el crimen sigue actuando en la región y asedia a mineras, dos de las cuales se han quejado. “Tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican a la delincuencia. Ya los estamos atendiendo”, dijo.

En agosto de 2016, hombres armados del grupo delictivo Los Tequileros secuestraron a un directivo y a cinco trabajadores de la mina Beneficiadora de Minerales Temixco, en el Municipio de Arcelia.

La mina, propiedad del Grupo México, permaneció cerrada varias semanas.

Los delincuentes dejaron en libertad a sus víctimas luego de recibir el rescate.

En este mismo municipio de Tierra Caliente, operó la minera La Suriana, que era propiedad del empresario argentino Carlos Ahumada, quien fue extraditado de su país en diciembre de 2019 por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero días después de su detención fue puesto en libertad.

La mina de Ahumada está en la comunidad de Achotla, zona controlada por la Familia Michoacana.

Otra mina que está asentada en una zona controlada por un grupo delictivo Los Tlacos, es la canadiense Equinox Gold.

Esta firma extrae minerales en Los Filos, comunidad de Mezcala, municipio de Zumpango de Neri.

En marzo de 2019, ejidatarios de Huiziltepec, municipio de Zumpango de Neri, expulsaron a la empresa canadiense Manaurum Gold, que tiene una concesión para explotar minerales en un área de ocho mil 83 hectáreas.

Los habitantes de esta localidad, ubicada a 50 minutos de Chilpancingo, argumentaron que las actividades de extracción les provocaría enfermedades, daños al medio ambiente y problemas de violencia por parte del crimen organizado.

Los inconformes incluso amenazaron con expulsar de su comunidad a los ex comisarios ejidales que firmaron un documento a los concesionarios para que realizaran trabajos de exploración.

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